Sin pensión y en deuda con Hacienda por casarse

Igualdad reclama 15.000 euros a una mujer con un 66 % de discapacidad y en riesgo de exclusión social 12 años después de su boda

Están juntos desde los 14 años y se casaron, hace 12, por amor. Por cumplir «el sueño de mi vida», en palabras de Inocencia. Por «formalizar nuestro amor», apunta Rafael. La boda se celebró en el juzgado, el 7 de julio de 2006, con apenas 10 invitados y sin celebración posterior. Tampoco hubo viaje de novios. Pero habían dado el paso y se sentían felices, unidos en matrimonio. Sin embargo, no sabían que por ese papel –y por no comunicar su nuevo estado civil a los organismos oficiales– la pensión no contributiva de Inocencia iba a desaparecer por superar los recursos económicos de la unidad familiar.

Los dos son enfermos mentales, viven en un piso social de la Generalitat Valenciana en Montserrat y son usuarios de servicios sociales. Inocencia Aparisi tiene un grado de discapacidad reconocido del 66% y Rafael, del 76%. Ella cobraba, hasta este mes de octubre, una pensión no contributiva de 380,10 euros y él, de 667,94 euros. La carta que ha cambiado sus vidas data del 18 de septiembre de 2018, está emitida por la Dirección Territorial de València de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y resuelve «extinguir el derecho a la pensión no contributiva» por «superar los recursos económicos de la Unidad Económica de Convivencia» y «no estar afectado por un grado de minusvalía o enfermedad crónica igual o superar al 65 %». Además, la Conselleria de Igualdad le reclama la devolución de la pensión recibida durante los últimos tres años, que asciende a 15.257,60 euros.

En octubre, Inocencia ya no recibió su paga. Sin embargo, lo que les quita el sueño no es la falta de ingresos en sí misma (que también) sino que la Consellería les reclame, además, la devolución de un dinero «que ni tenemos ahora ni tendremos más adelante porque no tenemos ingresos y nuestra situación es muy precaria», asegura Inocencia. «Si lo llegamos a saber, no nos hubiéramos casado porque no hemos actuado de mala fe», explica Rafael.

De hecho, en un informe de servicios sociales de Montserrat –con fecha del 31 de octubre– se afirma que Rafael «y los miembros de su unidad familiar padecen una situación económica y social precaria que supone un alto riesgo de exclusión social».

La salud mental en la C. Valenciana en cifras

  • 1

    25 % de la población

    Las enfermedades mentales afectan a uno de cada cuatro valencianos, pero apenas 250.000 están integrados en entidades de defensa de la salud mental

  • 2

    296 nuevas plazas

    La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha creado casi 300 plazas en estos últimos tres años, ampliando 8 centros ya existentes y creando 16 nuevos

  • 3

    77 programas

    El 80 % de los programas subvencionados buscan la convivencia, la cooperación y el fomento de la vida independiente y la intervención

«Y todo por casarnos»

«Quedarnos con 380 euros menos al mes es un drama para nosotros, pero tener que devolver 15.000 euros es un imposible.»
Inocencia Aparisi

«Estamos enfermos y la conselleria lo sabe. Debe saberlo porque tenemos nuestros certificados y somos usuarios de servicios sociales. Quedarnos con 380 euros menos al mes es un drama para nosotros, pero tener que devolver 15.000 euros es un imposible. Aunque fracciones el pago, aunque nos den facilidades de plazos… Nos va a asfixiar quien nos está ayudando. Y todo por casarnos. No sabíamos que teníamos que comunicarlo y no lo hicimos. No presentamos declaración de la renta y desconocíamos esa obligación. Hasta que llegó la carta», explica la pareja que, además debe afrontar los gastos de un préstamo personal que tuvo que solicitar «para enterrar a mi madre, que carecía de seguro de decesos y por el que pagamos 130 euros al mes. No tiene nada que ver con esto, pero la ley obliga a los familiares a hacerse cargo del entierro y como no teníamos dinero, pues pedimos un préstamo social. En nuestras cuentas no hay derroche, hay necesidad».

Inocencia ha presentado un escrito de reclamación a la Conselleria –previo a la vía jurisdiccional laboral– en la que solicita que se extinga la resolución en la que le suprimen la paga y le exigen la devolución de la pensión (percibida entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de junio de 2018) porque «se me comunica el no estar afectada por un grado o minusvalía o enfermedad igual o superior al 65%, hecho que no es cierto ya que tengo un grado de discapacidad del 66%». Por ello, Inocencia y Rafael le piden a la conselleria que «por favor revisen nuestro caso. Pensamos que es lamentable que, en una situación como la nuestra, se considere que superamos los ingresos mínimos y se nos obligue a devolver una cuantía que nos obliga a la exclusión social».

La Conselleria de Igualdad, por su parte, explica que las pensiones no contributivas «corresponden a una legislación estatal» y que «revisaremos este caso como cualquier otro donde se presentan alegaciones que hay que estudiar y atender. En caso de haber algún error, subsanaríamos el mismo».

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